Fernanda Salinas, miembro del Consejo de Política Forestal en representación de la Sociedad Ecológica de Chile, hace unos días cuestionaba a través de una columna de opinión en El Mostrador las acciones del Estado para apoyar el establecimiento de cultivos forestales en terrenos de pequeños propietarios. Luego de una presentación nutrida en números y estadísticas concluye que el Estado no debería seguir ocupando recursos de todos los chilenos para continuar con la extensión de los monocultivos forestales.
¿Es así? ¿Debe el Estado continuar financiando el establecimiento de plantaciones con recursos públicos? A nuestro juicio la respuesta es sí, por supuesto que debe hacerlo.
Las cubiertas forestales de todo tipo cumplen importantes funciones y entregan variados beneficios que pueden ser capturados tanto por los propietarios de los terrenos que establecen dicha cobertura forestal, como por todo el país a través de sus externalidades positivas. Mantener y manejar la cubierta forestal ya existente, mayoritariamente de bosques naturales, así como acrecentar la cubierta forestal en suelos desnudos con plantaciones, es un objetivo que debe ser impulsado por el Estado. Lamentablemente, se ha logrado instalar una odiosa separación entre bosques naturales y plantaciones, con la aparente finalidad de obligarnos a escoger sólo una de ellas como estrategia de desarrollo forestal y desestimemos la otra. Una suerte de suma cero entre bosques y plantaciones, donde lo que se dedica e invierte en una perjudica y amenaza a la otra. Una mirada completamente ajena a lo que debemos entender como desarrollo sostenible.
Por otra parte, los pequeños propietarios forestales de suelos desnudos o que vieron quemadas sus plantaciones el año 2017, parecen no existir en el análisis. Sus necesidades y aspiraciones no son integradas en orden a establecer lo que el Estado debe o no debe hacer. Se señala que las plantaciones producen pobreza, pero es difícil pensar cómo un propietario será más pobre con un suelo cubierto de árboles y será menos pobre con un suelo desnudo que es arrastrado por la lluvia. Por supuesto hay estudios que, con elaborados modelos, simulaciones y supuestos construidos sobre supuestos, llegan a esa conclusión. El pequeño propietario forestal no lee esos artículos ni entiende esos modelos, solo quiere plantar con ayuda del Estado.
Sobre el rol de la ciencia Fernanda Salinas en su columna señala que: “la comunidad científica ha reiterado la necesidad de transformar el modelo forestal imperante en el país a uno con heterogeneidad del paisaje y múltiples usos”.
Deberíamos entender de su afirmación que ya todo estaría claro y resuelto, la comunidad científica ha hablado y a la política solo le quedaría obedecer. Sin embargo, no sabemos quiénes o cuántos de quienes pertenecen a esa “comunidad” opinan en este sentido, o si la opinión de esta comunidad científica es unánime o bien admite matices o miradas distintas. Pareciera que la tecnocracia científica sabe mejor que nadie cómo debemos gestionar los recursos forestales.
Pese a su incondicional confianza en la mirada científica, así no funciona la política en general y la gestión de recursos naturales en particular. Se requiere y agradece el aporte científico, pero las decisiones no se subordinan a dicho aporte.
Finamente, no puedo dejar de comentar el “tono” de la columna, que pareciera dar por descontado que las plantaciones forestales y su apoyo por parte del Estado es una acción intrínsicamente mala y que todos deberíamos ver lo que ella ve, a riesgo de ser acusados de ciegos o negacionistas, palabra que ha adquirido una nueva acepción más cercana a “aquellos que no opinan como yo”.
Pues bien, conviene recordar que, si se consideran los incentivos incorporados en el D.L. 656 del año 1925 (refundido como Ley de Bosques el año 1931 mediante el D.S. 4363), que propiciaron la forestación de casi 50.000 hectáreas de plantaciones, se puede afirmar que el fomento forestal en Chile, bajo distintos objetivos e instrumentos, está próximo a cumplir cien años. Distintos presidentes han estado convencidos de esta política. Entre ellos Eduardo Frei Montalva quien el año 1965 (casi diez años antes del D.L. 701) creó el Plan Nacional de Forestación que posibilitó la creación de la Corporación de Reforestación (COREF), que a su vez se transformó posteriormente, bajo el gobierno del presidente Allende, en la Corporación Nacional Forestal (CONAF), con el claro mandato de forestar terrenos abandonados por la agricultura. Con la recuperación de la democracia el fomento a la forestación fue renovado por el presidente Frei Ruiz Tagle y prorrogado por la presidenta Bachelet. Intentos de prorrogarlo nuevamente se presentaron al Congreso en el primer mandato del presidente Piñera y el segundo mandato de la presidenta Bachelet. Estos gobiernos, de distinta sensibilidad, no consideraron un desvarío plantear el apoyo del Estado a iniciativas de forestación con recurso públicos. De hecho, por casi cien años y bajo distintos gobiernos ha existido el convencimiento de que es una política necesaria y no un mecanismo maquiavélico para entregar recurso del Estado a privados.
No todos vemos lo que la columnista plantea. Existen otros datos, otras miradas, otros actores, que no está considerando en su análisis. Conviene ampliar la mirada en estos temas para no equivocarse.
Roberto Cornejo Espósito
Presidente Nacional
Colegio de Ingenieros Forestales de Chile
