POSICIÓN RESPECTO AL PROYECTO QUE CREA EL SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS (SBAP)
Los avances que ha tenido el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Boletín 9404-12) en el Congreso, ha impulsado declaraciones tanto a favor como en contra de este proyecto. Se ha manifestado el Ministerio de Medio Ambiente[1], el Colegio de Ingenieros en Recursos Naturales A.G.[2], la organización Chile Sustentable[3], los sindicatos de trabajadores de CONAF, el Comité Pro Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF)[4], entre otros. Se justifica su aprobación en la urgencia por frenar las amenazas a las que está sometido nuestro patrimonio natural. Se insiste en que, de no ser aprobado el proyecto, el patrimonio natural de Chile estará en aún más grave peligro del que actualmente enfrenta. Estas afirmaciones, que buscan sensibilizar a la ciudadanía y a los tomadores de decisión, omiten un hecho importante “LA EFICACIA DE UNA PROPUESTA NO SE MIDE POR LA URGENCIA DEL PROBLEMA QUE BUSCA RESOLVER”. Las amenazas que enfrenta la biodiversidad no son el argumento para aprobar un proyecto. Se debe revisar de manera crítica e imparcial si dicho proyecto enfrenta con eficacia y eficiencia las amenazas. A nuestro juicio no es así. El proyecto presenta importantes deficiencias que no han sido suficientemente debatidas, justamente por el interés en apurar la aprobación de un proyecto que se juzga urgente. Una de las deficiencias del proyecto es su debilidad para enfrentar la afectación de áreas protegidas por proyectos ingresados al SEIA. El servicio no tendrá nuevas atribuciones regulatorias para reducir o evitar la intervención de estas áreas por proyectos. Al parecer no se creyó necesario dotar al nuevo servicio de mejores herramientas para enfrentar los numerosos proyectos que tramitan permisos de intervención en las inmediaciones o derechamente al interior de estas áreas. Esto a nuestro juicio es una omisión grave. Se optó por dedicar los esfuerzos a regular las concesiones y desestimaron reforzar los instrumentos legales de protección de dichas áreas ante proyectos de inversión. Un servicio sin musculatura regulatoria donde más se necesita. Respecto a las concesiones en áreas protegidas, no compartimos que el sistema de concesiones sea una privatización encubierta de los parques. Resulta poco verosímil sostener que las áreas protegidas serán privatizadas, entendiendo esto como la entrega de su propiedad o administración total a privados. Sin embargo, no es descabellado suponer que el énfasis en la regulación de concesiones tiene por meta lograr el autofinanciamiento del sistema en el mediano plazo. Si el aporte fiscal es menos de la mistad del costo de administración en la actualidad, perfectamente se puede plantear la hipótesis de que, mediante concesiones y crecimiento de las visitas de turistas, los ingresos propios en los parques sigan aumentando y los aportes fiscales disminuyendo. Esto no es una privatización en términos reales, pero sí una política de abandono por parte del Estado. Así y todo, podríamos afirmar que efectivamente es una privatización, si es que por este nombre entendemos el financiamiento completamente privado del sistema. La privatización del financiamiento a través del incremento de concesiones genera incentivos para sobrecargar estas áreas con actividades económicas basadas en turismo, aumentando los impactos sobre los ecosistemas. Un caso paradigmático es el Parque Nacional Torres del Paine, que ha sufrido varios incendios debido a la irresponsabilidad de los turistas. Respecto al modelo regulatorio que impone el SBAP fuera de las áreas protegidas, tenemos el convencimiento que dicho modelo implicará conflictos de competencia entre servicios y que la resolución de estos conflictos generará un alto costo social. Son tan evidentes los potenciales conflictos, que la actual administración de CONAF ha intentado infructuosamente llegar a acuerdos con el Ministerio de Medio Ambiente para incorporar en el proyecto modificaciones referidas a ciertos aspectos lesivos para la gestión forestal. Estos esfuerzos han sido infructuosos debido a que, en las mesas técnicas instaladas entre las dos instituciones, el MMA ha rechazado cualquier intento de renunciar a las atribuciones que se arroga a través del SBAP en materia de gestión de los bosques. Un nuevo diseño institucional y regulatorio para la gestión de la biodiversidad debió diseñarse de manera colaborativa con los responsables de las actuaciones públicas orientadas a la protección, conservación y uso sostenible de los bosques; actuaciones propias de la gestión de CONAF. Sin embargo, el diseño propuesto carece de una mirada adecuada de la gestión forestal, exacerba los conflictos de competencias y las tensiones entre servicios, lo que finalmente conducirá al establecimiento de más trabas a las iniciativas de manejo sostenible de los recursos forestales. De hecho, uno de los principales efectos no deseados de este diseño es el potencial desincentivo al manejo sostenible de nuestros bosques nativos. La visión que subyace a la creación del SBAP, al menos en un grupo importante de quienes apoyan el proyecto, es que este servicio es el llamado a terminar con años de mala gestión y ausencia de iniciativas de conservación de nuestros bosques. Esta visión distorsiona la historia de la gestión forestal pública y es en sí misma una amenaza a la adecuada conservación de nuestros bosques. No hay nada de sostenible en una visión reduccionista de la gestión sectorial de los bosques y de los desafíos que ellos enfrentan. En resumen, creemos que el proyecto SBAP presenta serias deficiencias. En lo financiero no contempla un financiamiento que permita enfrentar las amenazas a la biodiversidad. Su presupuesto es exiguo para todas las expectativas que declara. El riesgo de mantener las mismas precariedades en materia de gestión de la biodiversidad es altísimo. Finalmente, reiteramos que el proyecto SBAP desarrolla un pobre marco regulatorio incremental para la protección de las áreas protegidas, manteniendo la debilidad que estas áreas tienen ante los proyectos de inversión. Por otra parte, desde el punto de vista de la regulación en áreas no sujetas a la protección oficial, desarrolla un modelo que garantiza conflictos con la gestión forestal sostenible, invasivo en las competencias de otros servicios, redundante y que se ve de traumático cumplimiento y alto costo social. Además, en su diseño no participaron los servicios a los que pretende reemplazar. Esto no augura eficacia. Colegio de Ingenieros Forestales de Chile Abril, 2021. [1] https://mma.gob.cl/ministerio-del-medio-ambiente-destaca-la-importancia-de-aprobar-el-proyecto-de-ley-que-crea-el-servicio-de-biodiversidad-y-areas-protegidas-sbap/
[2] Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP): Un paso necesario para la protección del Patrimonio Natural de Chile.
https://www.eldesconcierto.cl/medio-ambiente-y-naturaleza/2021/04/12/opinion-servicio-de-biodiversidad-y-areas-protegidas-sbap-un-paso-necesario-para-la-proteccion-del-patrimonio-natural-de-chile.html
[3] Quitando los mitos de la campaña “No a la ley SBAP”. http://www.chilesustentable.net/2021/04/quitando-los-mitos-de-la-campana-no-a-la-ley-sbap/
[4] El actual proyecto SBAP no protege la naturaleza. https://www.codeff.cl/el-actual-proyecto-sbap-no-protege-la-naturaleza/
