A raíz del incendio forestal en Quilpué, Región de Valparaíso, y la denuncia realizada por Conaf respecto al origen intencional del siniestro, se ha difundido en redes sociales la denuncia de una relación entre incendios forestales y desarrollos inmobiliarios, acusando a los responsables de las urbanizaciones de propiciar los siniestros para despejar los terrenos.
Esta misma hipótesis está detrás del proyecto de ley presentado por el diputado Diego Ibáñez al Congreso en el mes de diciembre, que prohíbe por 30 años el cambio de uso en terrenos afectados por incendios forestales, como una manera de enfrentar esta supuesta relación causal.
En la justificación del proyecto, el diputado cita un estudio de la Universidad Católica del año 2017, titulado «Construyendo sobre cenizas. ¿Son utilizados los incendios forestales como una herramienta informal para la expansión urbana de Chile central?», en la que el autor presenta elocuentes imágenes satelitales, de Valparaíso y otras regiones, donde se observa cómo terrenos anteriormente afectados por incendios poseían en la actualidad urbanizaciones.
Sin duda la intencionalidad en los incendios para despejar terrenos y destinarlos a proyectos inmobiliarios no debe ser descartada como causa de los recurrentes siniestros en el sector costero de la Región de Valparaíso, sin embargo, para confirmarlo habría que hacer un análisis extenso, cruzando información de Conaf con los proyectos que se han desarrollado en los últimos diez años.
Sin descartarla, tampoco debemos olvidar que, en la Región de Valparaíso, existen otras causas que aportan a la ocurrencia de incendios, como es la quema de basura en vertederos ilegales, la permanente ocupación ilegal de terrenos para establecer viviendas en sectores rodeados de vegetación, la mala mantención de los espacios bajo el tendido eléctrico, entre otras. Hay que separar las distintas causas para no atribuir todo incendio a delitos inmobiliarios. De lo contrario se podría estar sobredimensionando el fenómeno.
Respecto al proyecto de ley y la prohibición de 30 años de cambio de uso del suelo en terrenos afectados por incendios, parece un texto apresurado que no consideró todas las aristas de un fenómeno altamente complejo. De hecho, la prohibición puede generar efectos indeseados. Por ejemplo, en el futuro bastaría que se supiera que en un sector se va a desarrollar un proyecto inmobiliario legal (con plan de manejo y reforestación en caso de que haya que cortar bosque), para que potenciales grupos que se opongan a ese proyecto produzcan un incendio intencional y de esta manera el terreno quede «inmovilizado» por 30 años, de acuerdo a la prohibición absoluta que busca el proyecto.
Es decir, se podría producir el efecto contrario a lo que se busca, facilitando el boicot de proyectos inmobiliarios a través de incendios como estrategia para prohibir el cambio de uso del suelo. De esta manera se crea un incentivo perverso y no se detienen los incendios.
Una estrategia más proactiva sería legislar para exigir a cualquier proyecto de urbanización que se levante sobre un terreno que previamente se haya incendiado y perdido su cobertura vegetal, que igualmente tenga la obligación de reforestar otro terreno como compensación.
Esto sí sería un desincentivo al incendio intencional, ya que los responsables del proyecto tendrían que asumir los costos de reforestar. Debe recordarse que detrás de un incendio intencional con fines de despeje de un terreno para urbanización, lo que se buscaría es ahorrarse la búsqueda de un terreno y costo de su reforestación que exige la ley a cualquiera que deba cortar un bosque.
La propuesta tiene la ventaja de que no promueve la inmovilización de predios por 30 años, pero sí desincentiva quemas con fines inmobiliarios.
Julio Torres Cuadros
Secretario Ejecutivo
Colegio de Ingenieros Forestales de Chile
