Julio Tores Cuadros
Secretario Ejecutivo,
Colegio de Ingenieros Forestales de Chile A.G.
El destacado colega Alberto Peña publicó hace ya un par de meses una columna denominada “Aclarando algunas cosas respecto de las supuestas bondades del actual modelo forestal vigente”[1], en la que responde a una columna anterior del director ejecutivo de CONAF, aparecida en El Mostrador[2]. A pesar del paso de los meses, siempre es conveniente compartir reflexiones sobre nuestro sector y la columna del colega, es un buen punto de partida para revisar una serie de conceptos recurrentes en el debate forestal.
¿Plantaciones o bosques?
El primer concepto se refiere a la distinción entre plantaciones forestales y bosques nativos. Afirmar que las plantaciones no son bosques se ha instalado como una verdadera cruzada comunicacional. A través del lenguaje se instalan ciertas realidades y pareciera que existe un grupo amplio de personas resueltas a no dejar que exista confusión respecto a las diferencias entre un cultivo forestal y un bosque natural. El autor de la columna señala que las definiciones van evolucionando al ritmo de los nuevos conocimientos, sin embargo, desde al menos un siglo en Chile hemos podido distinguir las diferencias entre una plantación y un bosque. Al menos una plantación comercial o monocultivo. Más difícil es discernir entre plantaciones naturalizadas y bosques naturales, como es frecuente en la cobertura forestal de muchos países europeos.
No se trata entonces de ayudar a las personas despistadas a evitar la confusión. Las diferencias son muy evidentes para confundir un sitio establecido con pinos o eucaliptos y un bosque siempreverde, por solo nombrar alguno de los muchos tipos de bosques presentes en nuestro país. ¿De qué se trata entonces el afán por corregir a quien usa el término bosque al referirse a una plantación? ¿Cuál es el simbolismo detrás de este esfuerzo por precisar el lenguaje? Claramente tras el propósito diferenciador está la idea de que los bosques son mejores que las plantaciones, en un sentido ecológico y hasta me atrevería a decir en un sentido político o moral. Las plantaciones no son vistas solo como un modelo silvícola de producción, sino que representan también un modelo económico y una opción de desarrollo que iría en el sentido opuesto al que se buscaría en la actualidad. Por lo tanto, llamarlas bosques sería un desatino, un engaño, un intento de colonizar el lenguaje, utilizando la terminología en boga.
A mi juicio el debate es bastante inoficioso, más allá del simbolismo que se le quiera atribuir. No es necesario apelar a la RAE o a la FAO. El término bosque se utiliza en un amplio círculo de personas, especialmente en el sector rural, como un término genérico para designar un conjunto de árboles, independiente de su origen. Los campesinos o propietarios de plantaciones los designan utilizando este término. No hay detrás de ello nada extraño ni perjudicial. Extraño sería que alguien de la ciudad estuviera constantemente corrigiendo a estas personas, explicándole las obvias diferencias en estructura y composición. No hay necesidad de hacerlo, no hay consecuencias al usar la palabra bosque como un término genérico. No hay un fin oculto que busque desinformar a la población.
En términos de estadísticas forestales, tanto nacionales como internacionales, siempre que éstas se informan se parte de una cifra consolidada (bosques y plantaciones) para luego entregar las cifras desagregadas por “tipo de bosque”. No hay intentos de confundir a la población informando estadísticas ambiguas o únicamente consolidadas.
Lo que si parece un intento de desinformación es este esfuerzo no solo por separar las plantaciones de los bosques naturales, sino también establecer una descripción completamente reduccionista y maniquea de los dos tipos de cobertura forestal. El bosque natural es vida, complejidad, biodiversidad, futuro. Las plantaciones son desiertos verdes, uniformidad, muerte. Obviamente esta separación no conduce a nada productivo. Los sistemas productivos creados por el hombre proveen bienes y servicios y son tan necesarios como los sistemas naturales. Ambos sustentan la vida de la población mundial. El esfuerzo por separar los términos es inoficioso en el fondo, pero valioso para quienes quieren que el debate forestal se polarice, exigiendo que nos definamos por bosques de vida o bosques de muerte. Absurdo, pero no por eso menos dañino.
Las plantaciones forestales son valiosas por lo que son y no deben ser estigmatizadas por lo que no son. Quien quiera llamarlas bosques o bosques plantados no comete ningún pecado. En última instancia, las leyes que regulan la actividad forestal poseen definiciones de bosque y bosque nativo, que son consistentes con las regulaciones diferenciadas para existen para plantaciones y bosques naturales. Tampoco acá debiera existir confusión.
En conclusión, el esfuerzo que realizan quienes desean enfatizar la diferencia y acotar el lenguaje, carece de importancia real desde el punto de vista del manejo forestal, sin embargo, si importa cuando instala un lenguaje polarizador que debilita al sector forestal como un todo.
Los planes de manejo
Alberto Peña a continuación se refiere al aporte que realizarían los planes de manejo como instrumentos de mitigación de impactos ambientales de las operaciones forestales. En su alegato mezcla distintos conceptos que hacen difícil seguir el razonamiento. Habla del concepto de “acumulación por desposesión”, acuñado por David Harvey para referirse al modelo forestal. Pasar de una crítica a la eficacia del plan de manejo a un cuestionamiento del modelo forestal es un salto considerable. Harvey en su texto hace una crítica al capitalismo y describe las técnicas utilizadas para mantener su hegemonía mundial como sistema económico, refiriéndose al imperialismo económico, comercial e incluso militar como mecanismo de perpetuación del modelo capitalista. La frase “acumulación por desposesión” se aplica a políticas nacionales de las potencias capitalistas y no a sectores específicos de la economía como el forestal. Aunque pueden observarse analogías entre el fenómeno descrito y parte de la historia económica de Chile en los últimos cuarenta años, excede el análisis al que se refería el director ejecutivo de CONAF en su columna.
Refiriéndose específicamente a los planes de manejo como instrumento de gestión y regulación forestal, hay mucho que decir. En primer lugar, fueron una valiosa innovación incorporada en el D.L. 701 de 1974, y junto con la obligación de reforestar los bosques cortados, una de las medidas más importantes de regulación de este decreto. En la actualidad la discusión sobre este instrumento es bastante contrastante. Por una parte, existen quienes plantean su incapacidad para regular todos los impactos de las plantaciones forestales y por lo tanto proponen una modificación significativa o derechamente reemplazarlo por el ingreso de las operaciones forestales al SEIA. Por otra parte, están quienes critican fuertemente el instrumento por su alta carga burocrática, complejidad en su cumplimiento, especialmente para pequeños propietarios, la ingente cantidad de información irrelevante que se solicita, todo lo cual desincentiva a los propietarios a gestionar sus bosques, debido a la alta probabilidad de incumplimientos y sus multas asociadas. Esto plantea un dilema, ya que están quienes quieren hacer del plan de manejo un estudio ambiental de alta complejidad y costo y al mismo tiempo quienes plantean derechamente su eliminación y gestionar los bosques con mecanismos administrativos simplificados que descansen en la confianza de las capacidades de los ingenieros forestales para el desarrollo de una adecuada gestión silvícola.
El autor de la columna a la que hacemos referencia pareciera estar entre los primeros, ya que menciona una serie de temas no abordados por los planes de manejos como la concentración de la propiedad forestal o los conflictos por desposesión de tierras ancestrales. Obviamente un instrumento operativo de gestión no puede abordar estos temas, que corresponden a una política económica (concentración) o a acuerdos políticos (conflicto de tierras) que no dependen de la gestión forestal. No resulta claro que los planes de manejo tengan que abordar estos temas.
Sin perjuicio de lo anterior, es evidente que los instrumentos de gestión deben revisarse periódicamente para actualizarlos a las necesidades de los tiempos. En particular los planes de manejo de bosque nativo no siempre aseguran la sostenibilidad de las masas intervenidas, ya que en la práctica se han convertido en permisos de corta. La ordenación forestal siempre estuvo detrás de la creación del plan de manejo, pero con el tiempo se transformó en un requisito burocrático, con más y más exigencias, que complican más que facilitan la gestión de los bosques. También tiene limitaciones al enfocarse en regular la corta de las masas forestales, desentendiéndose de otras acciones que pueden causar daño o muerte de los ejemplares. A mi juicio, se requiere una revisión de este instrumento que tienda, no a la mayor complejidad, sino a una reducción de la carga burocrática y que amplíe su mirada a otros impactos humanos sobre los bosques.
La certeza jurídica también es una necesidad en estos instrumentos. Esta certeza no se dio en el caso de la corta de bosques para la recuperación de suelos agrícolas. Lo que llevó a la sustitución por cultivos de paltos principalmente. Sin embargo, esa certeza se logró con el dictamen de Contraloría. No corresponde atribuir al instrumento la pérdida de bosque que se produjo por este vacío o interpretación legal alejada de la interpretación de la Contraloría.
Certificación forestal
A continuación, la columna critica el desempeño de la certificación forestal, citando unas denuncias realizadas sobre el sello FSC. Parece injusto hablar de compra de licencia social por parte de las empresas a través de la certificación. Cualquier mirada desapasionada sobre este tema debería reconocer las ventajas que la certificación ha traído a la gestión forestal de las empresas que la han adoptado. Están sometidas a un monitoreo permanente en diversos ámbitos de la gestión, aspectos operacionales, ambientales, sociales y legales. El daño reputacional por incumplimiento o pérdida del sello es importante y eso genera un compromiso de largo plazo con el cumplimiento de los estándares. Que existan críticas específicas no invalida el modelo de certificación de terceras partes, solo significa que debe haber más transparencia y rigurosidad en su aplicación. Para ello la gobernanza de estos sellos contempla un amplio grupo de actores de la sociedad civil que pueden opinar y plantear mejoras procedimentales.
Captura de carbono por parte de las plantaciones
Respecto al tema de la acumulación de carbono de las plantaciones, este se ha constituido uno de los temas más abordados en el debate que se sigue sobre el rol de los bosques frente al cambio climático. Acá nuevamente se observa la polarización del debate, planteando soluciones o estrategias excluyentes en las debemos decidirnos por la restauración de los bosques naturales o la implementación de un activo programa de forestación con especies comerciales, sin opciones intermedias o que se complementen entre sí. Sobre la capacidad de captura de CO2 por parte de las plantaciones se ha dicho mucho, tanto a favor como en contra. Una de las principales críticas a una estrategia basada en plantaciones parece bastante atendible. Nos referimos a que la forestación de especies comerciales de rápido crecimiento no puede hacerse a costa de bosques naturales ya existentes. No hay espacio para sustituir bosques en cualquier estrategia de mitigación. En eso todos deberíamos estar de acuerdo. Sin embargo, la otra crítica apunta a que las plantaciones no serían eficientes desde el punto de vista de la captura, dado que son cosechadas y en palabras del autor “al ser cortadas eliminarían de golpe su contribución”.
Como ejemplo, el autor cita la presentación del jefe de la Unidad de Cambio Climático de CONAF, José Antonio Prado, en un seminario organizado por el Colegio de Ingenieros Forestales el año 2019. En la presentación se señala que el aporte al balance neto de emisiones de las plantaciones es prácticamente insignificante; mientras que considerando los renovales y el bosque nativo presente en parques y reservas el aporte es de 98,7%, ya que las talas rasas de las plantaciones expulsan el CO2 almacenado. Peña omite otros datos de la misma presentación, como la afirmación realizada por el expositor en orden a que: “los casi tres millones de hectáreas de plantaciones de pino, eucalipto y otras especies constituyen una reserva permanente de carbono aproximado a mil millones de toneladas de CO2, que antes se encontraba en la atmósfera”. Esta omisión no es trivial, ya que se tiende a menospreciar el rol de captura de las plantaciones basados en balances anuales de captura versus cosecha, desconociendo el stock acumulado.
Para dimensionar esta omisión podemos utilizar un ejemplo de un programa de forestación de 500.000 hectáreas en 20 años con especies de rápido crecimiento (pino). Eso supone plantar a una tasa de 25.000 hectáreas anuales. En este programa por veinte años no habría cortas, solo acumulación de carbono, sin liberación. Luego de cumplido ese período, se comenzaría a cosechar gradualmente a tasas de 25.000 hectáreas anuales (dejando 475.000 en crecimiento), para las cuales, por supuesto, se considerará una reforestación de la superficie cortada, ya que en Chile es obligatorio. Bajo este escenario, siempre existirá un volumen no decreciente de carbono acumulado, equivalente a las 500.000 hectáreas de plantaciones, con superficies coetáneas (de la misma edad) de 25.000 hectáreas y edades que irían de 1 a 20 años. Tal carbono acumulado se habría retirado de la atmósfera de forma permanente.
En cambio, bajo el supuesto de balances anuales de captura y cosecha, se quiere dar a entender que un propietario puede plantar, por ejemplo, 1.000 hectáreas de una sola vez, esperar 25 años y cosechar toda la superficie, volviendo a plantar al año 26. Esto no es realista. Lo que sí es realista es suponer que el propietario planta 40 hectáreas anuales por 25 años y a partir del año 26 comienza a cortar y reforestar, manteniendo el stock acumulado de carbono de las 1.000 hectáreas.
A eso hay que sumar el carbono acumulado en los productos forestales que posen un ciclo de vida largo (madera para la construcción o muebles), que puede significar un 10 a 20% de carbono retenido respecto al total cosechado. Igualmente se están realizando mejores estimaciones del carbono acumulado en las plantaciones que han sufrido incendios forestales. En la actualidad se utiliza un factor por defecto de 80% de liberación del carbono de sitios quemados. Sin embargo, en muchas situaciones este valor no es real, dependiendo de la intensidad del incendio y de la velocidad de avance. Muchas veces el carbono retenido en una plantación sometida a un incendio es mucho mayor al 20% y, por lo mismo, se están realizando estudios para afinar este valor. Todo lo anterior supone que las plantaciones forestales son un aliado en la captura de CO2 que, sumadas al rol de captura de renovales y bosques en áreas protegidas, pueden incrementar el aporte del sector forestal. No tenemos por qué definirnos por una estrategia excluyente, especialmente cuando la plantación se realizará en terrenos desnudos.
Subsidio forestal
Respecto al rol que tuvo el D.L. 701 en la promoción de las plantaciones forestales, Alberto Peña señala, citando un estudio de 1998, que el 65% de las plantaciones no justificaron la aplicación del subsidio ya que, o bien el subsidio no era necesario para plantaciones dentro del radio de abastecimiento de las plantas de celulosa o aserrío, rentables por sí solas, o bien, por estar muy alejadas de los centros de consumo, con muy bajos rendimientos y que ni con subsidio eran rentables.
Es conveniente primero precisar que, si se consideran los incentivos incorporados en el D.L. 656 del año 1925 (refundido como Ley de Bosques el año 1931 mediante el D.S. 4363), que propiciaron la forestación de casi 50.000 hectáreas de plantaciones, se puede afirmar que el fomento forestal en Chile, bajo distintos objetivos e instrumentos, está próximo a cumplir cien años. A los incentivos presentes en la Ley de Bosques, se agregaron posteriormente los créditos CORFO y los convenios de forestación implementados por la COREF (Plan Colchagua) y los más actuales instrumentos orientados a la forestación y al manejo de bosque nativo, el D.L. 701/1974 y la Ley 20.283/2008 sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal, respectivamente.
Los principales instrumentos legales de fomento han sido objeto de diversas evaluaciones. El D.L. 701 y su continuación a través de la Ley 19.561 han sido evaluados en sus resultados por Odepa (1998), Rides (2008), Modrego et al (2005), Valdebenito (2005), Laroze y Nazif (1997), entre otros. La evaluación que cita Peña del año 1998 para afirmar que el instrumento de fomento solo se justificó en un 35% de la superficie bonificada es solo uno más de distintas evaluaciones.
Por ejemplo, en las conclusiones del estudio de la Pontificia Universidad Católica de Chile, realizado el año 2014, se concluye que el programa ha sido particularmente exitoso en aumentar su focalización en pequeños propietarios forestales, tanto en número de beneficiarios, como en montos y superficies bonificadas, cumpliendo con creces el objetivo de la ley de focalizarse en los pequeños propietarios.
El mismo estudio señala que en términos de impacto, el programa tiene un impacto de adicionalidad de forestación positivo y estadísticamente significativo (60% de adicionalidad indica el estudio). En otras palabras, en término de aumento de masas forestales y recuperación de suelos degradados, el programa muestra un impacto positivo respecto a lo que habría ocurrido en ausencia de dicho instrumento. Estas conclusiones son consistentes con lo que se ha observado posteriormente al año 2012, fecha de expiración del instrumento. De una superficie bonificada de 17.000 hectáreas ese año, la forestación cayó a 1.500 hectáreas el año 2017 y a menos de 1.000 hectáreas el año 2019. Esto debería confirmar de manera empírica la adicionalidad del instrumento.
En cuanto al nivel de sustitución de bosque nativo por plantaciones, que el autor plantea como una externalidad negativa del subsidio, sólo podemos señalar que es lamentable que CONAF no maneje una cifra oficial de sustitución a la que todos podamos referirnos. Sin embargo, distintos estudios indican que la sustitución varió entre un 10 y 15% del total plantado. Algo así como 250 a 300 mil hectáreas de un total de 2,5 millones de hectáreas plantadas. De esa situación ya se aprendió y hoy la sustitución de bosque nativo por plantaciones forestales no es una práctica silvícola permitida. Tampoco debemos perder de vista el marco de referencia de la pérdida de bosques al menos a escala regional. En los últimos veinte años Argentina ha perdido cerca de siete millones de hectáreas de bosques, mientras que Colombia ha perdido en ese mismo período cerca de seis millones, Ecuador ocho millones y de Brasil, mejor no hablar.
En el caso de Chile, las cifras oficiales señalan que desde 1997 a la fecha la superficie de bosque nativo se ha incrementado en un millón de hectáreas. Por supuesto hay quienes discrepan de estas cifras oficiales y no reconocen mérito a los responsables de la gestión forestal pública que ha permitido estos resultados.
Nuevo modelo forestal
Finalmente, la referencia a un cambio de modelo forestal que se hace en la columna también merece una reflexión. El término “modelo forestal” se ha utilizado para aglutinar la crítica en la última década a las inequidades que ha presentado el país en materia de desarrollo de nuestro sector. En particular, el término lo han instalado algunos grupos para levantar la idea de que Chile necesita un nuevo modelo forestal, como señala Peña al citar las dos publicaciones (2011 y 2019) de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo[3]. Sin embargo, existe en este debate poca claridad respecto a lo que se entiende por “modelo forestal”. Rara vez es explícitamente definido y pareciera existir un reduccionismo al referirse a él. En la mayoría de los casos las críticas al modelo forestal chileno están referidas a las plantaciones forestales. En ese sentido, el modelo forestal al que se refieren sus críticos sería “el modelo de negocios de la industria forestal exportadora”. Los dardos apuntarían a toda la cadena forestal, desde la generación de la materia prima a través de monocultivos, hasta la integración vertical y la concentración. Otros críticos del modelo forestal apuntan a una descripción más bien silvícola del concepto. La crítica entonces apuntaría al modelo silvícola de las plantaciones forestales, señalando la necesidad de modificar la silvicultura basada en monocultivos, hacia una silvicultura basada en mosaicos y paisajes multifuncionales.
Debatir sobre el modelo forestal chileno, sobre sus desafíos para lograr un futuro sostenible, pasa necesariamente por aceptar una definición que todos podamos compartir. Partiendo por no reducirla solamente a un modelo de negocios o un modelo silvícola.
Existe una amplia literatura que estudia y compara los modelos forestales en distintos países. Sandström et al 2017[4] conceptualiza el término modelo forestal como un “modelo de gobernanza forestal”, entendido este último término como una combinación específica de diversas formas de enfrentar los objetivos de una política forestal, las herramientas para implementarla y las soluciones aplicadas a escala espacial y temporal, además de los actores que participan en la toma de decisiones y sus relaciones. Un modelo de gobernanza forestal guía a los tomadores de decisión y a otros actores en la administración y manejo de los bosques.
En Chile la conceptualización del modelo forestal como un modelo de gobernanza es escasa o decididamente ausente. Existe una escasa preocupación por entender los procesos de decisiones de los diversos actores que se relacionan con los bosques. Se privilegia la toma de decisiones centralizadas y uniformes para todos los territorios.
Un genuino debate respecto a nuestro modelo forestal, sus características y desafíos, debe pasar por evitar los reduccionismos del concepto y dejar de entender al sector forestal únicamente como un sector económico conformado por dos empresas, que cultivan especies introducidas para la exportación. El sector forestal es mucho más diverso que eso, abarcando desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Magallanes, con distintos actores, distintos recursos vegetales, distintas realidades territoriales y sociales y, por lo tanto, distintos desafíos respecto a la producción, la conservación y la restauración de los ecosistemas con los que conviven.
Como señala Sandström et al 2017, independiente de los diferentes modelos, todos deben apuntar a lograr la sostenibilidad del desarrollo forestal, y nuestro país no puede ser la excepción. Sin embargo, la sostenibilidad se menciona con generosidad en el debate sobre los bosques, pese a que las interpretaciones que se hacen del término son muy divergentes y hasta antagónicas. Sin un consenso sobre el término y sus implicancias, sin una interpretación compartida de lo que entendemos por modelo forestal y por sostenibilidad no llegaremos muy lejos.
Al final de su columna, Alberto Peña incluye un cuadro extraído del libro “Chile necesita un nuevo modelo forestal”, editado por Astorga y Bruschel el año 2019 (pág. 65), que busca resumir de manera esquemática la visión que está detrás del nuevo modelo forestal que la AIFBN propone.
| Modelo Actual Unidimensional | Nuevo Modelo Multidimensional |
| Plantaciones | Bosques nativos o mixtos |
| Monocultivos | Cultivos múltiples |
| Concentración de recursos | Distribución de recursos |
| Uso exclusivo y excluyente del suelo | Uso múltiple del suelo |
| Decisiones en base a rentabilidad | Decisiones en base a buen vivir |
| Economía vertical reportando a financistas | Economía horizontal reportando a localidad |
| Relaciones individuales con Estado y mercado | Relaciones asociativas con Estado y mercado |
| Estado oferente de instrumentos a individuos | Estado procesador de demandas colectivas |
| Seguridad decreciente de personas y comunidades | Seguridad creciente de personas y comunidades |
| Aumento de la vulnerabilidad y riesgos | Disminución de vulnerabilidad y riesgos |
| Asociatividad ausente | Asociatividad fuerte |
Algunas de las propuestas de la columna de la izquierda no dependen de una política forestal, sino más bien de políticas económicas o políticas de desarrollo rural, donde el sector forestal es un actor más. Además, se observa un planteamiento intencionadamente dicotómico, con énfasis en marcar claras diferencias con un “modelo de negocios forestal basado en la rentabilidad” más que contrastar distintos “modelos de gobernanza forestal”.
Respecto al encabezado del cuadro, parece poco preciso hablar de un modelo forestal unidimensional. Si sólo consideramos las plantaciones forestales, podemos señalar que, de acuerdo con los datos de INFOR, existen 23.146 pequeños propietarios con superficies de plantaciones menores a 200 hectáreas, y 829 medianos propietarios con superficies entre 200-5.000 hectáreas. En relación con la propiedad en pequeños y medianos propietarios, de un total de 2.303.886 hectáreas que existen en el país con plantaciones forestales, los pequeños propietarios son poseedores de 561.202 hectáreas, es decir 24,35% del total de plantaciones, entre la región de Valparaíso y Los Lagos, y los medianos propietarios tienen 255.765 hectáreas, es decir, un 11,1% del total. Esto supone más de 800 mil hectáreas de plantaciones que no pertenecen a las grandes empresas forestales. Si ampliamos la mirada al bosque nativo, podemos sumar 80.000 propietarios más, con distintas realidades. Eso sólo bajo una mirada productiva, si a eso añadimos una mirada ambiental o social, podemos afirmar que no estamos en presencia de un sector unidimensional. Eso no significa que no existan asimetrías importantes en el ámbito productivo, especialmente referidas a las pymes madereras, que han sido tibiamente enfrentadas por todos los gobiernos en las últimas décadas. Nuevamente aquí se trata de políticas económicas más que de políticas forestales.
Respecto a la idea de reemplazar monocultivos por bosques nativos o mixtos en el nuevo modelo, debiésemos entender que esta propuesta lleva también aparejado eliminar al propietario como sujeto de decisión. Las decisiones de los propietarios sobre qué cultivar en sus terrenos no pueden definirse por decreto o de manera arbitraria, como plantea el cuadro. Las decisiones de todas las personas, y los propietarios forestales no son la excepción, están basadas en sus propios contextos económicos, familiares o culturales y en sus aspiraciones u objetivos. Por qué tendría que imponerle a un propietario la decisión de plantar una especie nativa, de dudosa sobrevivencia dependiendo de la calidad del sitio, con rotaciones sobre los 40 o 50 años, sin un mercado claro para los productos que, dependiendo de su edad, no alcanzará a vender. Qué debería responderle si el plantea su voluntad de plantar una especie forestal de rápido crecimiento con una rotación esperada de 15 ó 20 años y un mercado establecido en el que puede anticipar el precio de venta y por lo tanto las ganancias. ¿Por qué deberíamos defender un modelo forestal que plantea erradicar la decisión de los propietarios? Una suerte de paternalismo, un gran hermano que me dice lo que debo plantar o por qué debo plantar. ¿Debe acaso tomar el propietario decisiones al margen de un análisis de rentabilidad? ¿Aceptaría cada uno de nosotros esa imposición en nuestras propias decisiones?
Esto no significa que el Estado no deba poner límites y regulaciones a las distintas actividades que se realizan en el territorio, basadas en decisiones políticas, fundamentos técnicos y deliberación participativa de los incumbentes, pero otra cosa es instalar desde arriba hacia abajo modelos a la medida de nuestras preferencias personales, las que, por supuesto, estarían plenamente justificadas basados en la propia subjetividad de quien las propone.
Particular atención hay que poner a la propuesta de la quinta línea del cuadro en la que se apela a que las decisiones estén basadas en el “buen vivir”, en contraposición a las decisiones actuales del modelo forestal que se basarían en la rentabilidad.
Según Avendaño (2009)[5], el concepto de “bien vivir” o “Sumak Kawsay” alude a una propuesta alternativa a la lógica de desarrollo que subyace al neoliberalismo y a las tendencias desarrollistas imperante en el mundo occidental. También apela a separar el concepto de bienestar de la acumulación de riquezas. Por otra parte, Stefanoni (2014)[6] afirma que el concepto “bien vivir” es elusivo y permite un abanico de imaginarios bastante amplios. Se afirma que no es una teoría completamente desarrollada, sino un concepto en construcción, que permite ideas diversas y a menudo excesivas dosis de pensamiento voluntarista. Se le plantea como una alternativa poscapitalista (e incluso posneoliberal), aunque sin sustento económico ni sociológico, ni una explicación convincente sobre cómo aplicar estos modelos.
El mismo autor señala que los modelos basados en el buen vivir, al no abordar con seriedad los problemas económicos “duros”, se vuelven fácilmente rebatibles tanto por los neoliberales como por los neodesarrollistas. En verdad, continúa el autor, el buen vivir no se propone remplazar al capitalismo, su propuesta es un modelo de pluralismo económico, sin que se sepa cómo se articularán economía comunitaria con economía estatal y economía privada.
Proponer un nuevo modelo forestal basados en el buen vivir parece algo vago, especialmente cuando va acompañado de una propuesta por abandonar en este nuevo modelo las decisiones basadas en la rentabilidad. No es clara esta afirmación, especialmente cuando, citando a Acosta (2010)[7] el libro de la AIFBN declara que la propuesta del nuevo modelo forestal basado en el «buen vivir» no significa sustituir al mercado por el Estado. Por el contrario, se apuesta por establecer «una relación dinámica y constructiva entre mercado, Estado y sociedad».
Dado que la búsqueda de la rentabilidad de los proyectos privados es una piedra angular de una economía basada en el mercado (y también de las políticas públicas que se priorizan según su rentabilidad social), se observa una contradicción difícil de explicar. Lo mismo en relación con proponer una economía horizontal que deba reportar a la localidad. ¿Qué se entiende por reportar? Lamentablemente el libro de la AIFBN no permite dilucidar estas interrogantes.
Los modelos de desarrollo o modelos de gobernanza para cualquier sector de la economía no son construcciones estáticas que se pueden desmontar y volver a montar como si tratara de artefactos modulares. Son algo mucho más complejo, el resultado de determinados procesos históricos, políticos, culturales, de formas de gestión y prácticas administrativas desde el Estado, de la composición de los sectores en términos de participación público-privada, como la propiedad de la tierra, de la organización de las personas en entidades intermedias o asociativas, entre otros múltiples factores. Sumado a lo anterior, los modelos de desarrollo sectoriales como el forestal tributan a modelos económicos o políticos que están por encima de ellos. Levantar slogans de cambios de modelo como quien redistribuye los muebles en una casa es un reduccionismo que, sin embargo, se ha instalado con fuerza.
Para efectuar una revisión del conjunto de normas, actuaciones y relaciones que conforman un modelo de desarrollo, se requiere un diálogo que en estos momentos pareciera no ser posible entre los distintos actores del sector forestal. Hoy las miradas son demasiado contrastantes y las confianzas demasiado frágiles.
Esta misma columna que busca responder los planteamientos de la columna escrita por el colega Alberto Peña, es una muestra de que existen distintas miradas sobre un mismo fenómeno. Las dos válidas, por cierto, pero que desnudan una creciente dificultad por consensuar estrategias que todos podamos compartir, para el desarrollo futuro de nuestro sector.
[1] https://laventanaciudadana.cl/aclarando-algunas-cosas-respecto-de-las-supuestas-bondades-del-actual-modelo-forestal-vigente/?fbclid=IwAR3_8xA4wJKYwGY0YNgVJlLUykYcEhNt5HfHxp2lvuBuKq8aZInQThL8p24
[2] https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/cartas/2021/05/04/respuesta-a-opinion-seguir-subsidiando-las-plantaciones-hasta-cuando/
[3] Chile necesita un nuevo modelo forestal. Astorga y Bruschel (Eds). AIFBN. 2019.
Hacia un nuevo modelo forestal en Chile. AIFBN. 2011.
[4] Comparing forest governance models. Forest Policy and Economics 77 (2017) 1–5
[5] https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-65682010000100031
[6] El “vivir bien”: ¿Una compensación discursiva ante los males del capitalismo? En: Buena Vida, Buen Vivir: imaginarios alternativos para el bien común de la humanidad. http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/ceiich-unam/20170503034423/pdf_1508.pdf
[7] El buen vivir. Una vía para el desarrollo. Alberto Acosta y Esperanza Martínez. 2009.
