Fernanda Salinas y el senador Alfonso de Urresti en una columna publicada el 20 de abril pasado, se preguntan ¿hasta cuándo el Estado seguirá subsidiando las plantaciones forestales? Después de un breve análisis concluyen que la actividad forestal con especies exóticas no debiera seguir siendo financiada por el Estado.
Su fundamento principal pareciera apuntar a que los impactos ambientales de dichas plantaciones excederían sus beneficios y, por lo tanto, no se justifica una política pública que las apoye desde el Estado. Sus argumentos, sin embargo, son escasos y omiten información con la que se podría llegar a conclusiones distintas a las que ellos afirman.
Conviene recordar que el subsidio a las plantaciones en Chile a través del D.L. 701 tuvo una justificación mixta. Por una parte, se buscó impulsar el desarrollo de una naciente industria forestal. Sin embargo, también tuvo una justificación ambiental orientada a la recuperación de terrenos degradados por una agricultura no sostenible que deforestó los bosques nativos, generando impactos ambientales como la pérdida de suelo.
Los autores afirman que las plantaciones forestales se han financiado por parte del Estado desde 1974. Esta información es errónea. Los incentivos comenzaron con el D.L. 656/1925 (refundido como Ley de Bosques mediante D.S. 4363/1931), que propició la forestación de casi 50.000 hectáreas de plantaciones. Distintos presidentes han estado convencidos de esta política. Entre ellos Eduardo Frei Montalva quien el año 1965 (casi diez años antes del D.L. 701) creó el Plan Nacional de Forestación que posibilitó la creación de la Corporación de Reforestación (COREF), que a su vez se transformó bajo el gobierno del presidente Allende, en la CONAF, con el claro mandato de forestar terrenos abandonados por la agricultura. Con la recuperación de la democracia el fomento a la forestación fue renovado por el presidente Frei Ruiz Tagle y prorrogado por la presidenta Bachelet. Por casi cien años y bajo distintos gobiernos ha existido la convicción de que es una política necesaria.
Respecto al negativo balance entre los impactos ambientales de las plantaciones y sus beneficios; la conclusión a la que llegan los autores es debatible. Por supuesto, omiten los beneficios ambientales que generan las plantaciones. Parecieran haberse quedado en el pasado, creyendo que la gestión forestal es la misma de hace cuarenta años. En esto también se equivocan. La mayoría de los aspectos cuestionables del pasado han sido superados y en la actualidad existe un compromiso con la gestión sostenible. De ello dan cuenta los procesos voluntarios de certificación forestal, la eliminación de la sustitución de bosque nativo por plantaciones y el énfasis en la reducción de impactos de todas las operaciones, por parte de la industria.
La mayor parte de las plantaciones forestales en Chile se hicieron sobre terrenos ya devastados por actividad agrícola y solo una parte se hizo sustituyendo directamente bosque nativo. Es claro que reemplazar bosques naturales por plantaciones tiene impactos negativos, pero debe ser igualmente claro que las plantaciones establecidas en terrenos descubiertos o degradados tienen positivos impactos sobre la biodiversidad. Esto es lo que ocurrió mayoritariamente en el caso chileno.
Lamentablemente los autores parecen sufrir lo que se denomina sesgo de confirmación, entendido como la tendencia a favorecer y recordar solo la información que confirma las propias creencias o hipótesis, omitiendo información que pueda generar conclusiones alternativas. Se trata de un tipo de razonamiento selectivo, lo que lleva a una interpretación sesgada de la realidad.
Plantar no es malo y el Estado debe tener la convicción de apoyar a quienes no poseen los recursos para ello, porque la amenaza sobre vegetación nativa, hoy día en Chile, no es la actividad forestal, sino la actividad agrícola.
Roberto Cornejo Espósito
Presidente Nacional
Colegio de Ingenieros Forestales de Chile
